El INE participó de del IX Informe Nacional de Aplicación y Resultados de la Ley N° 5446/15 “Políticas Públicas para Mujeres Rurales” en la ciudad de Pilar
Leticia Garrido, jefa del Departamento de Planificación y Monitoreo de Censo de Población; y Fátima Morínigo, coordinadora de Consistencia del mismo departamento, representaron al INE en el IX Informe Nacional de Aplicación y Resultados de la Ley N° 5446/15 “Políticas Públicas para Mujeres Rurales”, realizado en la Explanada “El Cabildo” de la ciudad de Pilar, Ñeembucú, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer Rural.
En la oportunidad, acercaron publicaciones estadísticas sobre el Censo Nacional y otros operativos.
Participaron del evento el Gobernador de Ñeembucu, Víctor Hugo Fornerón, así como la ministra de la Mujer, Cynthia Figueredo, quien mencionó los datos sobre las mujeres rurales dados a conocer por el INE.
En nuestro país la población total de mujeres en el área rural es de 1.105.455 de las cuales entre el 29,4% tiene 0 a 1 4 años; 62,3% tiene entre 15 a 64 años y el 8,3% tiene 65 y más año de edad.
Este segmento lo constituyen mujeres agricultoras, pescadoras, artesanas y ganaderas, todas de la agricultura familiar campesina. Históricamente ellas han estados rezagadas de los beneficios del desarrollo, por lo que su invisibilidad ha sido una constante en el acceso a los servicios de asistencia técnica, créditos, tecnologías y mercados.
Con la promulgación de la “Ley Nro. 5446/15 de Políticas públicas para mujeres rurales” se ha abierto un nuevo camino que debe conducirlas hacia el empoderamiento social, económico, cultural y político.
La Ley y su Decreto Reglamentario Nro. 3678/20 propugna la promoción y garantía de los derechos económicos, sociales, políticos y culturales de las mujeres rurales; fundamentales para su empoderamiento y desarrollo.
Para ello, obliga al Estado Paraguayo a las instituciones a garantizar el acceso y uso de servicios productivos, financieros, tecnológicos en armonía con el medio ambiente, de educación, salud, protección social, seguridad alimentaria y de infraestructura social y productiva, mediante planes, programas y proyectos.
Por un lado, para cumplir con estos objetivos, las instituciones del Poder Ejecutivo se han organizado en la Comisión Interinstitucional de Aplicación de la Ley (CIAL), desde la cual articulan sus acciones en campo para lograr mayor impacto institucional.